El 10% de la documentación para alquilar una vivienda es falsa

31 de enero del 2020

La Agencia Negociadora del Alquiler ha detectado que el 10% de las documentaciones entregadas para acreditar la solvencia de los inquilinos de las viviendas que gestiona son “falsas o alteradas” por parte de inquilinos que intentar engañar a los propietarios en relación a su situación laboral y financiera con el fin de acreditar de forma engañosa su solvencia.

La empresa de gestión integral de arrendamiento de viviendas avisa de que este problema es “muy importante” porque actualmente con la tecnología existente es “muy sencillo” crear una nómina o hacer un duplicado de ella, variando el contenido de los datos.

Por ello, aconseja que los documentos que se deben exigir a los inquilinos no se deben circunscribir solo a la presentación de las nóminas, sino que además se deben exigir otros documentos como declaraciones de rentas y contratos de trabajos, que son más difícil de alterar, con el fin de que esos tres documentos se puedan analizar conjuntamente de forma íntegra para detectar posibles alteraciones.

Además, señala que se debería de añadir una comprobación de las personas interesadas en el alquiler de las viviendas en el principal registro de impagos de personas físicas (ASNEF).

El director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, José Ramón Zurdo, ha explicado que la situación del mercado del alquiler “se está deteriorando cada vez más” ante “un mercado asfixiado por la falta de oferta, en gran medida debido a políticas intervencionistas que penalizan y que prevén penalizar aún más a los propietarios particulares de viviendas y empresas destinadas al alquiler”.

“La clave está en que el propietario pueda recuperar rápidamente su vivienda si se produce un impago, si se toman medidas en esa línea, miles de viviendas saldrán al mercado para incrementar la oferta”, ha indicado.

Según Zurdo, la falta de oferta provoca una escalada de precios donde muchos inquilinos o quedan fuera del alquiler o su esfuerzo financiero traspasa el máximo riesgo que una familia debe asumir, que sitúa por encima del 30% o 35% de los ingresos destinados a la renta de alquiler.

Por ello, defiende que el nuevo Gobierno debe apostar por incentivar el mercado, mimando la oferta y alentando a que los nuevos propietarios destinen sus viviendas vacías al alquiler, apostando por políticas públicas que doten de mayor seguridad jurídica a las personas y empresas que destinen sus inmuebles al alquiler.

También aboga por la colaboración público-privada en la construcción de nuevas viviendas destinadas al alquiler, ampliando de esta forma la oferta, ya que incidirá directamente en una moderación de los precios.