La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, anunció ayer la creación de un índice de referencia de las rentas de alquiler en Catalunya para las próximas semanas. Mediante un decreto, el Govern también adoptará medidas para proteger a los consumidores ante alquileres superiores a este indicador. "Este índice permitirá modular los incrementos exagerados del alquiler que se puedan producir", explicó la consellera.
El Govern pretende que esta medida modere los incrementos de los precios del alquiler que se están produciendo en Barcelona y el área metropolitana, y al mismo tiempo contribuya a mejorar la rehabilitación de las viviendas para ponerlos en alquiler.
“La vivienda es el único bien que es al mismo tiempo un activo financiero y un derecho fundamental”, afirma el Doctor Sergio Nasarre, director de la de la Universidad Rovira i Virgili (URV), en Tarragona. “Es imposible comprenderla en todas sus dimensiones sin tener una visión global”, añade desde la sala de trabajo de la universidad, junto a varias doctorandas de su equipo de investigación.
Hasta su creación, hace tres años, en España no existía ninguna “plataforma estable e interdisciplinar” para la investigación sobre vivienda. “Y sobre todo con una visión internacional muy fuerte, para ver qué soluciones y qué problemas tiene otros países y como los han abordado. Así, es muy difícil paliar las consecuencias de lo que nos ha pasado”, indica Nasarre. “Lo que nos interesa es poner las bases para que en una crisis futura esto no vuelva a suceder”, concluye.
Para ello, Nasarre y su equipo internacional trabajan en proyectos como , financiado por la UE, donde han comparado la normativa de alquiler de treinta y cinco países de Europa occidental.
Actualmente, la Cátedra de Vivienda de la URV realiza investigación acerca del , en un proyecto de la Fundación BBVA, por citar solo tres.
El impacto social de su trabajo es innegable. “Ya hemos redactado ya cuatro leyes y estamos haciendo la quinta”, apunta Nasarre. “Las tenencias intermedias, el plan estatal de vivienda, la LAU estatal… Todo esto son normas que están afectando a 48 millones de personas”, añade.
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