La propiedad compartida y la temporal siguen siendo unas perfectas desconocidas para la mayoría de personas que quieren acceder a la propiedad de una vivienda. Las llamadas tenencias intermedias están reguladas en el Código Civil de Cataluña (CCC) mediante la Ley 19/2015, de 29 de julio.
Como sabes, son dos formas de acceso a la vivienda asequibles al tiempo que estables y flexibles, alternativas a la compra y el alquiler. Una vía para aquellas familias que desean ser propietarias, cuyos ingresos no alcanzan para pagar la letra mensual de una hipoteca bancaria. En muchos casos, estas familias tampoco pueden contemplar el alquiler como una alternativa real, ya que no es asequible y la ley actual que lo regula no aporta estabilidad suficiente al inquilino.
La Generalitat de Catalunya está a punto de aprobar la creación de un índice de referencia del alquiler con el objetivo de dar transparencia al mercado, facilitar la estabilidad de los precios y conseguir movilizar el stock vacío de viviendas existente. El modelo ya funciona con éxito en Berlín o París. Con el objetivo de aportarte más información, habitaclia ha consultado a la Cátedra UNESCO de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, un equipo de investigación en vivienda que ha intervenido como ponente en la comisión para fijar los criterios para una futura legislación de arrendamientos urbanos residenciales (LAU) en Catalunya. Dentro del equipo del Doctor Sergio Nasarre, la investigadora Elga Molina analiza los motivos que impulsan la creación de un índice de referencia del alquiler, sus ventajas y funcionamiento.
Continuamos la entrevista con el Doctor Sergio Nasarre, director de la de la Universidad Rovira i Virgili (URV), y su equipo de investigadores.
Hablamos del alquiler como una opción real de tenencia, que debería ser asequible para todos aquellos que deseen ser inquilinos en vez de propietarios. A través del proyecto , la Cátedra ha comparado 35 normativas de alquiler de 35 países de la Europa occidental. “Países con altas tasas de alquiler tienen un modelo contrario al de los países del sureste de Europa”, destaca la investigadora Elga Molina. Las conclusiones de dicho estudio forman la base sobre la que escriben la nueva ley de arrendamientos urbanos (LAU) de Catalunya, encargada por la Generalitat.
“Queremos que tengan acceso al alquiler familias de clase media y media-alta y que pueda ser una opción estable, que puedan establecerse con su familia”, añade Molina. “La ley de 2013, que flexibilizaba el alquiler, no ha sido efectiva”, concluye. “En estos años, el alquiler solo ha subido un punto. Es coyuntural, no es atribuible a la ley”, añade Nasarre, que participó en la comisión de creación de esa ley.
“La vivienda es el único bien que es al mismo tiempo un activo financiero y un derecho fundamental”, afirma el Doctor Sergio Nasarre, director de la de la Universidad Rovira i Virgili (URV), en Tarragona. “Es imposible comprenderla en todas sus dimensiones sin tener una visión global”, añade desde la sala de trabajo de la universidad, junto a varias doctorandas de su equipo de investigación.
Hasta su creación, hace tres años, en España no existía ninguna “plataforma estable e interdisciplinar” para la investigación sobre vivienda. “Y sobre todo con una visión internacional muy fuerte, para ver qué soluciones y qué problemas tiene otros países y como los han abordado. Así, es muy difícil paliar las consecuencias de lo que nos ha pasado”, indica Nasarre. “Lo que nos interesa es poner las bases para que en una crisis futura esto no vuelva a suceder”, concluye.
Para ello, Nasarre y su equipo internacional trabajan en proyectos como , financiado por la UE, donde han comparado la normativa de alquiler de treinta y cinco países de Europa occidental.
Actualmente, la Cátedra de Vivienda de la URV realiza investigación acerca del , en un proyecto de la Fundación BBVA, por citar solo tres.
El impacto social de su trabajo es innegable. “Ya hemos redactado ya cuatro leyes y estamos haciendo la quinta”, apunta Nasarre. “Las tenencias intermedias, el plan estatal de vivienda, la LAU estatal… Todo esto son normas que están afectando a 48 millones de personas”, añade.
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